En varias mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha criticado la violencia que existe en el estado de Guanajuato y es por eso que ha pedido al gobernador Diego Sinhue Rodríguez que lo destituya como fiscal de Guanajuato, el cual lleva en el cargo 12 años, esto en base por sus malos resultados en combate con la delincuencia y la mala disputa entre carteles de droga, que por consecuencia los índices de violencia van cada vez en aumento, estadísticas de las cuales han convertido al estado como el más violento del país.
De acuerdo con una investigación publicada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el gobierno federal inició una investigación contra Carlos Zamarripa, fiscal de Guanajuato, rastreando las transacciones bancarias, como las de su círculo cercano, incluyendo a su esposa que se desempeña como juez en el Poder Judicial del Estado, así como empresarios que se presume han colaborado con Zamarripa y posibles operadores financieros.
Derivado de esta investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, procedió al congelamiento de cuentas de un empresario supuestamente vinculado con el fiscal, dicha investigación incluyo a Luis Ernesto Ayala Torres, quien hasta marzo del presente año se desempeñaba como secretario del Gobierno de Guanajuato.
Es por eso que las autoridades ya comenzaron a rastrear las transacciones bancarias del fiscal y de su círculo cercano, y derivado de esa investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto:
«Ya procedió al congelamiento de cuentas de un empresario supuestamente vinculado con el fiscal”.
“Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados, ya lo hubiesen corrido”
mencionó el presidente López Obrador el pasado 16 de julio.
Uno de los elementos que llevaron a investigar a Ayala Torres fue la venta que realizó de su empresa familiar, Botas San Diego, al empresario Francisco Isidro González Espejel, quien según la información de inteligencia registrada en el expediente podría tener vínculos con el fiscal guanajuatense.
Las autoridades federales recopilaron información de esa transacción comercial, así como de otras empresas en las que ha tenido participación González Espejel como accionista o representante legal a partir del año 2014. En una comercializadora del empresario, los analistas de la UIF detectaron la dispersión de fondos a “operadores pitufos”, es decir, múltiples transacciones en montos pequeños, lo cual en consideración de la autoridad es un indicio de posible lavado de dinero o evasión fiscal.
En la tipología de lavado de dinero de la UIF, los “pitufos” materializan operaciones en efectivo, en beneficio de un tercero o terceros de forma fraccionada en diversas operaciones para, posteriormente concentrar los recursos.
Este fue uno de los argumentos de la UIF para solicitar el congelamiento de cuentas bancarias del empresario, quien promovió un juicio de amparo por considerar injusta la intervención de las autoridades.
Sobre este amparo contra la UIF se abrió el expediente 245/2020 ante el juzgado séptimo de distrito en Guanajuato.