El pasado sábado el Pleno del Congreso local, en sesión extraordinaria, autorizó al Ejecutivo estatal la contratación de financiamientos para que directamente o por conducto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, realice el proceso competitivo para la contratación de financiamientos con instituciones financieras que operen en territorio nacional, en las mejores condiciones de mercado, hasta por la cantidad de 5 mil 350 millones de pesos.
Los recursos monetarios que se obtengan de los financiamientos se destinarán precisa y exclusivamente a proyectos de inversión pública productiva en los siguientes rubros:
| Rubros | Montos |
| Programa de Infraestructura y Equipamientos Educativo | $ 300’000,000.00 |
| Infraestructura Social y para el Desarrollo Regional | $ 1,400’000,000.00 |
| Programa de Infraestructura Carretera y Movilidad | $ 2,150’000,000.00 |
| Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública | $ 350’000,000.00 |
| Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública y Jurídica | $ 1,150’000,000.00 |
| Total | $ 5,350’000,000.00 |
Asimismo, se establece en el decreto que el crédito deberá ser liquidado en un plazo que no excederá de 15 años, contados a partir de la primera disposición; y que el Poder Ejecutivo del Estado deberá informar en un apartado especial de los informes financieros trimestrales y de la cuenta pública anual sobre el avance físico y financiero de las obras y acciones a ejecutar con los recursos de los financiamientos obtenidos.
La congresista Gutiérrez Campos habló a favor del dictamen. Manifestó que la deuda deberá ser destinada a inversión pública productiva, lo que significaba obras y acciones que generarán un beneficio social para los guanajuatenses. Afirmó que la solicitud se había analizado de manera responsable, a efecto de tomar la mejor decisión técnica, jurídica y financiera.
Gutiérrez Campos habló de las reuniones sostenidas con las calificadoras crediticias, Fitch Ratings y S & P Global, para escuchar su opinión técnica; y con diversos sectores de la sociedad, quienes manifestaron las razones por las que veían viable la solitud de crédito.
La congresista señaló que el Estado cuenta con 3 calificaciones crediticias favorables, tanto en escala local como en escala global, que son opiniones sobre riesgo crediticio, sobre la capacidad y voluntad del Estado para cumplir con sus obligaciones financieras en tiempo y forma; y reflejan el grado de riesgo de cumplimiento, ayudando a tener acceso al crédito y a conseguir mejores condiciones financieras con instituciones bancarias.
El diputado Raúl Humberto Márquez Albo habló en contra del dictamen. Dijo que por la contratación de la nueva deuda se pagarían intereses por 2mil 500 millones de pesos aproximadamente, un 48% del total de la propia deuda.
Indicó que, de aprobarse este nuevo crédito, la deuda pública se iría a los 9 mil 850 millones de pesos e hizo referencia a la propuesta que presentó donde se habían realizado recortes en diversas partidas se hubieran podido obtener más de 4 mil 400 millones de pesos.
Márquez Albo enfatizó que no estaban en contra de que Guanajuato creciera, al contrario, querían impulsar su crecimiento, pero que lo que no querían era endeudar al gobierno y que los ciudadanos pagaran deuda.
En rectificación de hechos, la congresista Alejandra Gutiérrez Campos indicó que en tema de presupuesto y dinero no se debía hablar de manera subjetiva, sino que se tenía que hacer un análisis profesional sustentado en la parte jurídica y financiera, y que la propuesta que presentaron se trataba de disminuir únicamente el 3.5% de reducción, y que hacerlo así generaba lo que estaba pasando a nivel federal, generando problemas en diversos programas.
Agregó que los presupuestos no podían ser inerciales, se tenía que ver que era lo que necesitaban las personas en la entidad y no únicamente bajar el presupuesto sin un análisis profesional, señaló que lo que se había hecho era un trabajo técnico y responsable, a diferencia de lo que se realizó a nivel federal, lo que estaba perjudicando a muchos mexicanos.
En una segunda intervención, el diputado Raúl Humberto Márquez Albo precisó que su propuesta había sido bien sustentada y reiteró su postura de no endeudar al gobierno.
La congresista Lorena del Carmen Alfaro García señaló que no era verdad que se utilizará como criterio general para todo el 3.5%, sino que los presupuestos se analizaban y discutían en función de los objetivos que se pretenden alcanzar en una administración pública, y que el criterio que mencionó su antecesor era únicamente para hacer los pronósticos de ingresos municipales y estatales, y exclusivamente el apartado de los derechos.
El diputado J. Guadalupe Vera Hernández habló de la complicada situación que estaba experimentado la industria de la construcción en todo el país y, en especial, en el Estado. Agregó que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) informó que en el primer cuatrimestre del año pasado el Producto Interno Bruto del sector descendió 1.6 por ciento anual, a consecuencia principalmente de la parálisis en el gasto público de la infraestructura.
En ese sentido, subrayó que consideraba acertada la iniciativa presentada por el gobernador para solicitar financiamiento, ya que con esos recursos solicitados se busca reactivar la economía y continuar con el desarrollo que el estado ha tenido en crecimiento y en competitividad.
En su oportunidad, la legisladora María Magdalena Rosales Cruz subió a tribuna para hablar en contra del dictamen. Mencionó que el Poder Legislativo debía coadyuvar al fortalecimiento de la hacienda pública estatal, a través de instrumentos legales que eficienticen los recursos y los mecanismos de recaudación, racionalicen el gasto y se genere así una disciplina presupuestal, como medios ordinarios de financiación, y sólo en última instancia autorizar deuda pública.
La congresista afirmó que en el dictamen se intentaba demostrar que el país tenía fuertes problemas económicos y estará peor, y que entonces ante ese contexto tan adverso, por qué endeudarse.
Rosales Cruz precisó que el problema de fondo era el mal uso de ese gasto público y que se estaba teniendo un gasto desmedido en diversos rubros, en los cuales no existía ningún uso eficiente de los recursos o se prestaba a gastos discrecionales.
Afirmó que se podían hacer las cosas de manera diferente y tomar como ejemplo lo que está haciendo el Gobierno de México, quien había dado un giro en su estrategia de ahorro, recortando gastos de operación y haciendo una reasignación de estos a los grupos olvidados por la sociedad y el gobierno.
Finalmente, la congresista manifestó que la solicitud no tenía ningún análisis que mostrara a detalle en qué se va a gastar en específico, como la partida, el proyecto, ciudades, montos, generando grandes espacios de opacidad y manejo discrecional de la deuda.
«Aprobar la deuda no tiene fundamento legal ni mucho menos moral, más bien se basa en el lema corrupto que establece “tener poder para poder tener”,
concluyó.
Por su parte, el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta manifestó que era notable la disminución de los recursos que de manera ordinaria se asignaban en la entidad por parte de la federación, lo que implicaba serias consecuencias en la economía local y afectaban de manera directa el bolsillo del ciudadano común, perjudicando especialmente a las familias y comunidades más vulnerables.
Zanella Huerta habló de las acciones que se realizarán con el dinero que se obtenga entre ellas: la construcción y mantenimiento de aulas, talleres o laboratorios, canchas y patios cívicos; el rescate de espacios públicos y la construcción y rehabilitación de lugares donde la población pueda practicar deportes en mejores condiciones; la modernización de calles y vialidades, incluyendo la construcción de distribuidores vehiculares, carreteras, caminos rurales y sacacosechas; la construcción, ampliación y adecuación de hospitales y adquisición de equipo médico; y la construcción de espacios que abonarán a la seguridad, procuración de justicia y a la justicia laboral.
Finalmente, indicó que de aprobarse la deuda no afectará las finanzas públicas del Estado y que los guanajuatenses necesitaban este financiamiento, el cual se podía pagar y hará la diferencia en beneficio de millones de personas.
En rectificación de hechos, la diputada María Magdalena Rosales Cruz hizo uso de la voz para hablar sobre la presunta discriminación federal hacia la entidad y que se escuchaba a los más necesitados. En ese sentido, apuntó que los más necesitados ignoraban la discusión que se estaba dando y que los endeudarían, y que era hasta esta administración federal que en verdad se estaba volteando a verlos.
También habló en contra del dictamen el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Señaló que no tenían autoridad moral para que el pueblo de Guanajuato les creyera que la deuda era en su favor, si no eran capaces de disminuirse los privilegios como legisladores.
Prieto Gallardo indicó que parecía que la solicitud tuviera tientes electorales, ya que ellos habían propuesto una reingeniería a nivel estatal y no la aceptaron, y que el gobierno trataba de hacer aparentar que todo estaba bien, siendo que lo dicho por las calificadoras era muy subjetivo.
El congresista precisó que el gobernador se tenía que ajustar el cinturón y también su administración. También hizo referencia a que en la pasada administración se había adquirido deuda, la cual se destinó, en su mayoría, a la Secretaria de Desarrollo Social y Humano.
Finalmente, dijo que el dictamen carecía de argumentos realistas y que por las finanzas del estado no se requería contraer deuda, sino que buscaban dejar una deuda porque estaban seguros de que perderían la gubernatura en el 2024.
El dictamen fue aprobado por 31 votos a favor y 4 en contra.
