Encabezados por la síndico municipal, Romina Martínez Félix y la complicidad del titular de Obra Pública, Víctor Hugo González Hernández, miembros del Ayuntamiento evidencian su interés económico al buscar, en este último cuatrimestre de la administración, la asignación a conveniencia de las diferentes obras programadas por el municipio.
Los regidores, Zenaida Pérez Pérez (PRI), J. Guadalupe García Félix (PAN), Jaime Ramírez Roque (PAN), David Aguilar Gutiérrez (PVEM) y Beatriz Romero Bárcenas (PVEM), estarían buscando otorgar a contratistas ‘a modo’, dispuestos a otorgar el tan afamado ‘diezmo’ en la distribución de obras como Bordería, Caminos Rurales, y demás obras asignadas en convenio con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU).
Aprovechándose de la facultad que hoy tiene de celebrar de manera directa convenios y contratos sin el previo consentimiento de alcalde, máxima autoridad del Ayuntamiento, Martínez Félix ha hecho gala de su autoritarismo y terquedad al negarse incluso a hablar del tema.
Contar con la mayoría de votos al interior del Ayuntamiento le basta hoy a la funcionaria para aprovechar lo restante del actual gobierno, al cual ha manejado a su antojo en este periodo de administración y que sin duda ha sido reflejado en las recientes elecciones populares, donde la ciudadanía dejó claro su desapruebo al trabajo de la administración, la cual pretende cerrar, tal como comenzó, con un pleno dividido en el que los intereses económicos han pesado más que el desarrollo de la ciudad.
Claro ejemplo de la prepotencia, soberbia y autoritarismo que hoy enviste a la síndico, son las decisiones que ha tomado a conveniencia personal, tal es el hecho del despido de la ex tesorera Gabriela García Hernández, a quien, junto con 7 ediles destituyó bajo argumentos cuestionables que llevaron a la ex funcionaria a demandar al municipio.
Acto que aprovechó Romina Martínez para poder contratar a un despacho legal externo, que se presumió, haría el trabajo que por ley correspondía a ella como representante legal del municipio.
Cabe mencionar que, para dicha contratación, el municipio erogó un recurso superior a los 100 mil pesos, con la salvedad de que no habría garantía de ganar la disputa contra la ex trabajadora, hecho que fue cuestionado por el resto del pleno, al pagar a un externo por algo que bien pudo realizar la síndico.