A 31 meses de que inició el sexenio, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador superó los 91,000 homicidios y feminicidios, de acuerdo con cifras de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El promedio que se ha registrado es 2,935 homicidios dolosos por mes, no obstante, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, informó que, este delito se ha contenido desde que inició la administración de López Obrador, el cual aseguró también que de enero a junio de 2021 disminuyó un 3.5% respecto al mismo periodo del año anterior.
De igual manera con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante junio se registraron 2,660 homicidios dolosos, cifra 12% menor a mayo, cuando se reportaron 2,997. Con estas cifras, se superaron los 91,000 feminicidios y homicidios.
De enero a junio, en el país se han registrado 16,937 homicidios dolosos: el 50% se concentra en Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua.
Rosa Icela Rodríguez detalló que, para combatir el homicidio doloso, el gobierno federal ya identificó los 50 municipios más violentos, donde se concentran el 47.8% de los delitos.
En el Noreste de México, hay 13 municipios que concentran el 19.5% de los homicidios; en el occidente, hay 17 ayuntamientos con el 15.3%; en el centro, 14 con el 8.7%; en el sur, tres con el 2.2%, y en el noreste, tres con el 2.1%.
De la misma manera suben los feminicidios y otros delitos, donde la secretaria de Seguridad informó que, durante el primer semestre de 2021, los feminicidios tuvieron un incremento de 3.3%, pero no detalló las cifras absolutas de este delito.
En cuanto a la violación, afirmó que, en el acumulado de enero a junio también se dio un incremento de 32%, respecto al mismo periodo de 2020.
Por el proceso electoral de este año, los delitos del fuero federal tuvieron un incremento 4.9% respecto.
Algunos de los delitos que tuvieron un incremento son delitos contra la salud (4.6%), delitos cometidos por servidores públicos (10.5%), y delitos electorales (320.9%).