Como consecuencia de la disputa que existe en el interior del ayuntamiento por la facultad de firma de convenios contratos a nombre del municipio, la dirección de Seguridad Pública no pudo ser acreedora a un par de patrullas que el Gobierno del Estado puso a disposición de los 46 municipios guanajuatenses.
En unas ediciones anteriores Noreste de Guanajuato ya había hecho público el riesgo que existía de perder recursos y apoyos por la medida que se había tomado en el Ayuntamiento de quitarle la facultad de firma de convenios al alcalde y otorgarla a la síndico municipal.
Para que los municipios pudieran ser acreedores a las unidades y equipamiento el Estado requería que el alcalde Pedro Pueblito Hernández firmara un convenio, sin embargo, esto no le fue posible porque dicha facultad se la retiraron los regidores y se la otorgaron a la síndico.
Es importante recordar que esta situación ya había sido expuesta en una sesión de ayuntamiento anterior en donde el recién nombrado tesorero municipal Jorge Luis Montoya alertó que en el Estado le requerían la firma del alcalde para recibir el beneficio.
Trascendió que el alcalde, Pedro Pueblito Hernández, no firmó el convenio con el Gobierno del Estado por lo que no se pudo concretar la llegada de un par de patrullas. La justificación fue que la facultad de firma de convenio no la tiene y podría caer en una ilegalidad si plasmaba su rúbrica en algún contrato o convenio.
De esto trascendió que el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública notificó a la síndico Municipal que es única y exclusivamente facultad del alcalde firmar contratos de ese tipo.
Por otro lado, el estado no permitió la firma de la sindico, Romina Martínez Félix. Lo que desencadenó en que el municipio no gozara de un par de patrullas para beneficio y reforzar la seguridad a los ciudadanos que día a día sufren el mal de la delincuencia.
Son inminentes las necesidades que presenta la dirección de seguridad pública, sobretodo en el tema de parque vehicular, pues es sabido que solo cuentan con unas cuatro unidades las cuales se limita su funcionamiento por el estado en el que se encuentran.
Del mismo modo se ha ventilado que no es el único convenio o contrato que dependencias estatales han rechazado porque es firmado por la síndico y no por el alcalde.